El “caso bombas” es una muestra más de la inconsistencia del sistema penal acusatorio, violando derechos de las personas que, sin pruebas contundentes, aparecen como culpables hasta que se pruebe su inocencia.
Aplicar la Ley Antiterrorista en causas mapuches o por la detonación de bombas “es un desacierto del Gobierno”, sostiene Human Rights Watch, y agrega: “El Estado ha sido inconsecuente al aplicar la norma y afirmar ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que en Chile el terrorismo no existe”.
Se detuvo y acusó a 14 jóvenes, se imputó a anarquistas, antiautoritarios y ex militantes del Mapu-Lautaro en un show con “pruebas” que arrancan carcajadas en el tribunal, por parte de los presentes. Aunque Sabas Chahuán, fiscal nacional, descartó “irregularidades” en la investigación, algo huele a podrido en el “caso bombas”.
Sin embargo, para el abogado Alberto Espinoza “todo es un show de la Fiscalía; no hay pruebas para calificarlos como terroristas”. Para el fiscal Peña incluso existiría una red de protección integrada por ex funcionarios públicos. “Todo eso sólo existe en la imaginación del fiscal”, dice Espinoza.
Se presentó como prueba la composición química de un supuesto explosivo que una detenida -Andrea Urzúa-, habría intentado ingresar a la cárcel de Neuquén, al visitar a su cuñado -Marcelo Villarroel-, en ese entonces preso en Argentina. Fue la propia justicia trasandina la que la dejó en libertad sin más trámite.
Las “pruebas” contra los “terroristas” que se presentaron en el tribunal son “llamadas telefónicas”: una que recibió Rodolfo Retamales, por parte de una ex novia que trabajaba en la Intendencia. Ella le hace una advertencia que no se sabe bien de qué se trata. Y esa conversación es el único antecedente que permite “construir” la “red de protección de ex funcionarios públicos”. Otra llamada telefónica es de Pablo Morales Fuhrimann a Andrea Urzúa; en la conversación le pregunta si lleva “todas las cosas, los bolsos”. Ella contesta que está escasa de dinero y pregunta si le puede cargar el celular con 3.500 pesos. El fiscal Peña deduce, “por lo tanto” que hay “financiamiento” para un viaje que califica de “operación terrorista”. Según el fiscal, Morales es el “financista” y controlador del viaje, lo cual revelaría su jerarquía dentro de la “asociación ilícita terrorista”.
¿DÓNDE ESTÁN LAS BOMBAS?
También como pruebas se presentan videos incautados a Retamales (en la foto de abajo) y que forman parte de su actividad profesional, pues confeccionaba un collage de imágenes de protestas y marchas. La Fiscalía presentó también fotos de personas que entran o salen de algunas casas okupa. Según el fiscal, esas casas son “centros de poder” y entrar o salir de ellas tiene una connotación “ilícita”, cuasi terrorista, y presenta apariencias de “organización” y “planificación clandestinas”. El abogado Espinoza subraya: “Ni Pablo ni Rodolfo están acusados de colocar bombas, ni tampoco se establecen nexos con quienes están formalizados por colocarlas. No se demuestra que existan planes ni jerarquías, ni estructura ni logística alguna. A nadie le encontraron bombas ni elementos para fabricarlas… A lo mejor, las bombas existieron, pero de ahí a que estas personas tengan que ver con ellas hay un abismo… Que Pablo Morales sea responsable de dirigir un grupo en una operación delictual, no resiste el menor análisis”, agrega.
¿Por qué están detenidos entonces? “En parte porque el fiscal pretende justificar su trabajo. Asumió esta investigación hace dos meses y quiere demostrar eficiencia, primero intentando sustraer el conocimiento del asunto a los tribunales de garantía de Santiago para trasladar la competencia judicial a San Miguel, donde el fiscal contaría con algún grado de simpatía. En la audiencia de formalización, un juez con bastante coraje -porque las presiones del Ministerio del Interior eran fuertes- dejó en libertad a seis. Dicha resolución dejó en evidencia que los cargos de la Fiscalía solo existen en la imaginación del fiscal.
Por otro lado está la orquestación de los medios periodísticos. El Mercurio, La Tercera, TVN, etc., han efectuado una ofensiva comunicacional en estrecha alianza con la Fiscalía, pero han sido tan burdos, que esa operación les está resultando en contra”, agrega el abogado Espinoza.
Buena parte de las acusaciones se basan en los dichos de un dudoso personaje: Gustavo Fuentes -a quien el Servicio Médico Legal (SML) le habría diagnosticado esquizofrenia- traficante de drogas y agresor de mujeres, quien cumple condena por el homicidio frustrado de su ex novia, Candelaria Cortés-Monroy, una de las jóvenes okupa investigada. Su testimonio sirvió para imputar la “colocación de bombas” a cuatro de los detenidos, entre ellos la mujer a la que casi asesinó.
“TERRORISTAS” CON DOMICILIO CONOCIDO
Alberto Espinoza es abogado de Pablo Morales y de Rodolfo Retamales, ex lautaristas calificados por la Fiscalía como “líderes” en la asociación ilícita. Morales y Retamales participaron en una acción militar del Mapu-Lautaro, en 1992, contra los escoltas del intendente de Santiago, Luis Pareto, y que costó la vida de tres detectives y un subversivo, Andrés Soto Pantoja. Ambos cumplieron largas condenas por ese crimen.
Otro ex lautaro, Omar Hermosilla, es acusado de haber facilitado su cuenta corriente para recibir “financiamiento exterior”. Pero las sumas “descubiertas” en esa cuenta no superan los 700 mil pesos. No parece creíble que ese exiguo dinero sea el financiamiento de una organización como la que el Fiscal y el Ministro del Interior pretenden instalar en la opinión pública. “¿Qué terroristas son éstos que tienen domicilio conocido, teléfono celular, trabajo estable, familias y que, además, firman periódicamente por encontrarse en libertad condicional? Es realmente insólito. Para que Pablo obtuviese la libertad condicional, firmó una carta donde renuncia voluntariamente a la violencia. Se les trata de hacer aparecer por culpables de una manera descarada. No hay nada de lo que Pablo haya estado haciendo en los últimos años que indique que podría ser líder de un grupo terrorista”, dice Alejandra Morales, su hermana.
Pablo fue detenido tras un violento allanamiento en Peñalolén. “Llegaron a las seis de la mañana a hacer el allanamiento, con violencia feroz. Rompieron la puerta, dieron vuelta la casa. A Pablo y su mujer los esposaron. Les mostraron la orden de allanamiento cuando estaban tirados en el suelo”, dice Alejandra. También se conoció el testimonio de Viviana Uribe, presidenta de la Corporación de Derechos del Pueblo, Codepu, quien denunció el brutal procedimiento policial y de la Fiscalía en su casa en Batuco. Para los defensores de los derechos humanos es inconcebible el que el fiscal Peña haya hecho su práctica en los años ‘90 en el propio Codepu.
Carabineros informó que había arrestado a los ex lautaristas y a Andrea Urzúa en casas okupas y que les habían efectuado “pruebas científicas” que determinaban la manipulación del explosivo TNT… Pero ellos estaban en sus propias casas y aún no eran detenidos cuando se les dio como tales. Curioso es que el jefe de Inteligencia de Carabineros, general Bruno Villalobos, se atribuyera el mérito de las investigaciones, y señalara que se había desplegado un aparatoso equipo técnico que incluía “pruebas genéticas y atómicas”. “Es un terrorismo bastante ingenuo con domicilio y teléfono conocido. ‘Terroristas’ que estaban cumpliendo una condena y bajo control penitenciario… Semanalmente concurrían a firmar al Patronato de Reos. Serían terroristas sui generis, con trabajo estable, vínculos familiares sólidos y burgueses, que cumplen con obligaciones que les impone el Estado”, observa el abogado Espinoza.
Por su parte, Alejandra Morales dice: “Mi hermano está acusado de liderar una ‘asociación ilícita terrorista’. Sin embargo, no se le imputa siquiera haber puesto una bomba, o poseer explosivos o armas. Todo esto es una aberración… Las pruebas son inconsistentes, frágiles o dudosas. Todos sabemos que esta investigación se inició el 2005 con el fiscal Xavier Armendáriz. El fiscal Peña en sólo dos meses armó todo este cuento, pero no tiene ninguna prueba distinta de las que conoció Armendáriz… excepto las que supuestamente obtuvo en los allanamientos. Hay dos con las cuales se imputa a Pablo ser un ‘planificador estratégico e ideólogo de terroristas’. Una la escribí yo misma, de mi puño y letra; la otra, fue escrita por su pareja. Son listados de los amigos más cercanos que hicimos cuando él fue detenido en 2008, por una acusación de 16 años antes en una Fiscalía Militar”, señala. En esa ocasión Pablo fue encarcelado 53 días, pues el Gobierno desempolvó un supuesto proceso en su contra de 1992. La verdad es que fue detenido porque estaba alcanzando “notoriedad” al haber sido “vocero” de los familiares y amigos de los ex lautarinos acusados del asalto al Banco Security y el asesinato del cabo Moyano.
MÁS MONTAJES, MÁS CRIMINALIZACIÓN
El 30 de agosto, la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente de la Policía de Investigaciones arrestó a otros dos ex lautaristas, acusándolos de asaltos a mano armada, y vinculándolos al bullado “caso bombas”: Patricio Gallardo -indultado en 2004- y Alejandro Rodríguez Escobar -en libertad condicional ese mismo año-. Ambos tienen estudios de sociología en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, Arcis. Rodríguez trabajaba en el restobar Kimün, ubicado en Dardignac Nº 0195, Barrio Bellavista, y colaboraba con quien escribe, entregando la revista Punto Final a los suscriptores. “Doy fe que Alejandro Rodríguez es una persona comprometida con sus labores como trabajador y su pasado de compromiso político hoy le impide su reinserción social ya que, según mi parecer, esta implicancia en los hechos que se le imputan, un supuesto robo con intimidación, no tiene ningún peso judicial”, dice Gabriel Cheuquepán, dueño del restaurante.
Por su parte, su hermano Álvaro Rodríguez, señala: “El 4 de septiembre, mi madre Elena Escobar y yo, intentamos visitar a Alejandro, detenido en el Centro Penitenciario de Santiago 1. Gendarmería nos informó que ‘no tiene derecho a ser visitado por sus familiares aún proviniendo desde la IV Región’, que es donde habitamos. La denegación de este derecho por parte de un servicio del gobierno policíaco y mentiroso es una muestra más de la represión de la cual somos objeto en esta maniobra de montaje criminalizador. Vamos a exigir cuanto antes su excarcelación”, afirma Rodríguez. Y agrega: “Recurriremos a todo para que la Fiscalía muestre los ‘argumentos y pruebas’ que dice tener en su contra”. Su defensa la asumirá la abogada de derechos humanos Alejandra Arriaza.
El Ministerio del Interior presionó al Consejo de Defensa del Estado, CDE, para que presentara la querella por Ley Antiterrorista en contra de los formalizados por el fiscal Peña, que se suma a la ingresada por el propio ministerio. La criminalización y montajes que instaló el Gobierno tienen sus ribetes manifiestos en la prensa. La Tercera editorializó pidiendo “sanciones” contra el juez de garantía Jorge Norambuena, quien había dejado en libertad a Rodríguez y Gallardo, criticando las “pruebas” aportadas por la Fiscalía, señalando incluso que los reconocimientos fotográficos y la rueda de detenidos eran “completamente ilegales”. “Lo que parece inaceptable, sin embargo, es la otra argumentación esgrimida por el juez para otorgar la libertad a los ex lautaristas. El magistrado señaló que anteriores condenas sufridas por los imputados en 1999 y 2000 no serían consideradas como antecedentes de mala conducta por su juzgado, porque fueron dictadas por tribunales militares que ‘no respetaron las garantías de un estado democrático de derecho’”, decía La Tercera. Según el editorialista “es inusitado que el juez se arrogue el derecho de calificar fallos emitidos en conformidad a la legislación vigente”. El magistrado Norambuena estimó insuficientes e ilegales las pruebas que la Fiscalía presentó e invocó tratados internacionales y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las “pruebas” son tan absurdas que se acusa a Alejandro de “robar” y “manejar” un vehículo en septiembre de 2009, vehículo que luego participó en un intento de asalto a un camión de Prosegur. “La verdad es que mi hijo ni siquiera sabe manejar vehículos. Nunca ha tenido licencia de conducir. Y el día que lo acusan del asalto se encontraba trabajando en la empresa de fotocopiado Max Hüber, donde cumplía horario y marcaba tarjeta todos los días. De eso hay constancias y documentos. Mi hijo es completamente inocente y se lo está acusando por su pasado de preso político”, dice Elena Escobar.
Fue el propio juez Norambuena quien señaló que “las condenas dictadas por tribunales militares fueron aplicadas sin respetar las garantías en un Estado democrático de derecho”. Y eso es lo que hoy está ocurriendo en el “caso bombas” y en quienes son acusados de “asaltantes”. Pareciera que la Fiscalía, ante lo feble e inconsistente de sus argumentos, ha optado por inventar que existirían asaltantes que financian a los okupas que ponen bombas. Lo terrible es que personas inocentes seguirán detenidas, acusadas y criminalizadas durante meses o incluso años. Alejandro Rodríguez lanzó un gritó mientras era conducido al tribunal: “Esto es un montaje de la derecha. ¿Qué encontraron en la casa? ¿Pólvora?”
Por Arnaldo Pérez Guerra
Historiador y Periodista. Ex preso político.
